Las exigencias legales y económicas que la FIFA le hizo cumplir a Brasil

Como el FMI o el Banco Mundial, la FIFA también se encarga de exigirles cambios económicos a los países que organizan los Mundiales. Dueña del fútbol, dueña de todo, la Federación que dirige el suizo Joseph Blatter diseña recetas que llenan sus arcas y perjudican a los elegidos para armar la fiesta: exenciones de impuestos aduaneros para los principales patrocinadores, flexibilización de las leyes laborales, cambios en estatutos internos, en el presupuesto y en los controles de la policía, y un estricto contrato de confidencialidad de todo lo firmado son algunas de las medidas que sellaron Blatter y compañía para la organización de la Copa del Mundo que está por iniciarse en suelo brasileño.

Lula da Silva y Dilma Rousseff esquivaron algunos de los insólitos pedidos que le requirió la FIFA a Brasil, el país que por estos días es el epicentro del mundo futbolero. En total, los tecnócratas que responden a Blatter le solicitaron al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) 141 requisitos, la mayoría con el explícito fin de beneficiar a Adidas, Mastercard, Coca Cola, Budweiser y las demás multinacionales que auspician la competencia. Ayudar a ellos para la FIFA también es ayudarse: en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, estas empresas le pagaron, cada una, 270 millones de dólares por aparecer al lado del logo mundialista.

Si bien Brasil rechazó algunas de las pretensiones de Blatter, el Congreso de ese país aprobó, en 2010, una exención que provino de una supuesta promesa que le hizo Lula al mandamás suizo: todos los materiales de construcción importados que se utilizaron para la remodelación y edificación de los estadios no pagaron ni un centavo por entrar al país. “No hay un estudio sobre cuánto perderá el fisco, pero se sabe que representan varios millones de dólares”, dijo el periodista brasileño Gustavo Franceschini.

Saint-Clair Milesi, uno de los encargados de la organización del Mundial 2014, no quiso referirse a estos beneficios, y sólo enfatizó en la privacidad de esos convenios. “Las relaciones de trabajo entre la asociación organizadora y la FIFA se rigen por un contrato especial (denominado OAA). Éste es un contrato privado entre la FIFA y la asociación anfitriona respectiva, y no está disponible para el público”, le explicó Saint-Clair Milesi a El Deporte es Historia. En esos documentos secretos la FIFA expone todas sus argucias.

“La FIFA estipula los elementos a cumplir y hay que adecuarse. Es como la licencia de una empresa: vos debés asegurar determinados aspectos, si no te gusta o no lo vas a hacer, vende otra cosa. Hay que tener la voluntad política de adecuarse a las exigencias”, le indicó a este portal el secretario general de la CONMEBOL, José Luis Meiszner. El ex presidente de Quilmes sabe perfectamente de lo que habla: él fue el máximo encargado de la organización de la Copa América que se jugó en Argentina en el 2011.

Se estima que el Estado brasileño erogó cerca de 11 mil millones de dólares para llevar a cabo la organización del Mundial, todo mientras los principales sponsors se beneficiaban con exenciones impositivas y modificaciones de las normativas internas. El ejemplo más emblemático fue el lobby que hicieron Budweiser y la FIFA para que el gobierno de Dilma suprimiera el artículo del Estatuto de Torcedores que prohíbe la venta del alcohol dentro de los estadios. La concesión, como todos sabemos, logró concretarse.

La FIFA también exigió prohibir la tradicional venta ambulante cerca de los estadios, con el firme propósito de hegemonizar la comercialización de merchandising en puestos oficiales, con lo que recaudará cerca de 3.500 millones de dólares.

Pero no sólo hubo presiones económicas como esas. La construcción de nuevos estadios, aeropuertos y autopistas generó que alrededor de 100 mil familias fueran desalojadas a fuerza de bastonazos y balas. Sin números oficiales, el cálculo fue elaborado por diferentes oenegés y organizaciones sociales.

Las denuncias por desalojos violentos se multiplicaron en los últimos años. El ex goleador Romario, actual diputado federal, advirtió sobre la situación y hasta la comparó con el avance israelí en territorio palestino: “No queremos que los eventos deportivos signifiquen la precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Y tampoco podemos admitir que, bajo cualquier pretexto, nuestros ciudadanos sean sorprendidos por excavadoras para destruir sus casas y desalojarlos como sucede en Palestina”, manifestó.

Lo que terminó de generar el hartazgo de buena parte de la población brasileña fueron los sobreprecios en la construcción de los estadios. Los costos finales de las obras, financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo Económica y Social, son 300% superiores a los presupuestados hace casi una década, y todos los estadios salieron más caros que los que se construyeron para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. El Mundial, fiesta de muchos, también impulsó broncas y huelgas en las principales ciudades brasileñas, como la que realizan, a horas de la inauguración de la Copa, los trabajadores del subte de San Pablo.

Quejas y sospechas, del pasado y del futuro

Los reyes del negocio que significa el fútbol se jactan de promover la creación de miles de puestos de trabajo en los países que organizan los mundiales, pero omiten informar que los trabajadores son contratados temporalmente y ganan menos de dos dólares diarios. Por este motivo, en Sudáfrica, varios de los gremios involucrados iniciaron una huelga que alarmó a la FIFA. Los obreros que construyeron los estadios -hoy convertidos en moles de cemento inútiles en uno de los países más desiguales del mundo- reclamaban un 13% de aumento de sueldo y el reconocimiento de un subsidio familiar. Lo mismo hicieron los guardias de seguridad de los estadios, los empleados de turismo y de transporte. “La FIFA ignora a los trabajadores organizados y nombró a empresas tercerizadas que no cumplen con la ley sudafricana”, expresaron, en ese momento, los sindicatos.

El corresponsal del periódico español Diagonal en Sudáfrica, Joan Canela Barrull, comparó a la FIFA con un país colonialista. Fue cuando el gobierno de Jacob Zuma aceptó a la Federación y a sus empresas como “misiones diplomáticas”, lo que les posibilitaba no pagar impuestos. El servicio de Tasas Aduaneras calculó que hasta el mes de abril de 2010, por ese motivo, Sudáfrica había perdido unos diez millones de euros por la importación de bienes relacionados con el Mundial libres de cargas. Los acuerdos también incluían el ingreso de jets privados, limusinas y coches lujosos; y descuentos en hoteles y pasajes de avión.

Todo eso, agudizado por la crisis económica internacional, hizo que el ministro de Turismo sudafricano, Marthinus van Schalkwyk, no tardara en admitir que el Mundial había sido un fracaso económico. Los números lo dejaron clarísimo: su país había gastado alrededor de 6.000 millones de dólares y apenas ingresaron 1.500 millones.

Los gobiernos de Holanda y Bélgica pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de las exigencias de la FIFA para organizar el Mundial 2018. Ambos países se negaron a conceder el control de la Policía en las ciudades sede y se manifestaron en contra de que la Federación y los auspiciantes no pagaran impuestos aduaneros. “Es inconcebible que la FIFA tenga un beneficio fiscal con los miles de millones de ganancias que obtendrá en nuestro país”, declaró el senador belga Bert Anciaux. Holanda y Bélgica fueron los segundos eliminados en la votación que se hizo en Zurich, en diciembre de 2010. Dicen que allí, en el edificio donde manda Blatter, no existen las casualidades.

Por Agustín Colombo

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